La Sala del Tribunal Supremo ha marcado las líneas maestras de la causa por rebelión contra el ex Govern. Los tres magistrados que han revisado y confirmado la prisión del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, han ratificado la tesis del instructor Pablo Llarena y han ido un paso más allá para asentar el delito de rebelión o de conspiración para su comisión. El auto del alto tribunal fija ocho claves del caso, que avala la investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil.
1. Plan organizado para la rebelión
Existe una organización que ha ideado un plan para lograr la independencia de Catalunya fuera de toda vía legal. El tribunal entiende que hay indicios suficientes para acreditar el delito de rebelión. “El plan de Junqueras, y los demás partícipes, necesariamente debía prever que la expulsión del Estado, de sus funcionarios civiles y militares de los lugares donde cumplían sus funciones, amparadas constitucional y legalmente, iba a ser acompañada inevitablemente de actos de violencia”.
El plan viene establecido por el documento “Enfocats”, incautado a su mano derecha en Economía, Josep María Jové, con la hoja de ruta fijada para conseguir sus propósitos. “No puede pretenderse que Junqueras, que era vicepresidente de un Gobierno que organizó todo el proceso que conduciría a la declaración unilateral de independencia, era completamente ajeno a las actuaciones que se impulsaron desde ese Gobierno y a las incitaciones, directas o indirectas, a la movilización popular que, como era previsible con una muy alta probabilidad, dieron lugar a comportamientos violentos que nunca trataron de impedir”, recoge el auto.
2. Incitaron a la violencia
Los tres magistrados, por unanimidad, han fijado las razones de porqué el ex Govern llevó a la violencia para conseguir sus objetivos. Explican que aunque apoyaran movilizaciones pacíficas, eran conocedores de que iba a haber una “reacción” del Estado porque lo que hacían era ilegal. Habían recibido varias resoluciones del Tribunal Constitucional que les había prohibido celebrar un referéndum, sabían que iba en contra de la ley y aún así siguieron adelante.
Para la Sala, lo que no podía esperar el Govern liderado por Carles Puigdemont es que el Estado no reaccionara a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, había una “muy alta probabilidad” que esas movilizaciones acabaran en enfrentamientos. “Incitaron al tumulto con la evidente finalidad de impedir la aplicación de las leyes por la fuerza o el cumplimiento de las resoluciones judiciales”, como ocurrió el 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía cuando se trató de impedir que la Guardia Civil llevara a cabo un registro acordado por un juez.
Pero no solo eso, el tribunal recuerda que el 1 de octubre, durante el referéndum, se constituyeron murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, apedreando sus vehículos o forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera sido innecesaria de otro modo.
3. Pusieron en peligro a millones de ciudadanos
Para el Supremo, el ex Govern es responsable de lo ocurrido porque incitaron a millones de ciudadanos a ir a votar el 1-O sabiendo que podía haber actos de violencia porque se trataba de un referéndum ilegal y los dirigentes conocían que la Policía debía hacer cumplir las leyes vigentes.
”Constituye una conducta de extraordinaria gravedad incitar a varios millones de ciudadanos a que acudan a votar ilegalmente a sabiendas de que se van a encontrar necesariamente con la oposición física de los agentes policiales que, en representación del Estado Derecho, van a actuar con el único fin de asegurar el cumplimiento de sus normas más elementales y de las sentencias del Tribunal Constitucional que han ordenado su cumplimiento”, recoge la resolución.
Además, no consta que en ningún momento los responsables políticos de la Generalitat “trataran de impedir tal clase de comportamientos o de evitar su reiteración, lo cual puede ser valorado como un indicio de su aceptación y defensa de los mismos”.
El auto sostiene que aunque Junqueras ni el resto del Govern ejecutara personalmente actos violentos ni diera esas órdenes, impulsó a los partidarios de la independencia a movilizarse públicamente, ocupando espacios públicos con la finalidad de hacer efectiva la declaración unilateral de independencia.
”Es llano que Junqueras y los demás sabían que el Estado no podía ni puede consentir esa clase de actos”. Para ello, actúan con los medios que tienen a su disposición, entre ellos el “uso legítimo, y como tal, proporcionado y justificado de la fuerza”.
”El vicepresidente no podía ignorar que impulsando a sus partidarios a movilizarse contra el Estado, los estaba impulsado también a enfrentarse físicamente con las fuerzas que pretendieran el cumplimiento de las normas de ese Estado”.
4. Un grupo coordinado y con poder
Lo supuestos “rebeldes” no actuaron aisladamente sino como integrantes de un grupo que actuaba coordinadamente para conseguir su objeto: “la proclamación unilateral de la independencia tras un referéndum de autodeterminación, a lo que se llegaría aunque el Estado, utilizando los instrumentos legales, se opusiera a esa actuación”.
Además, anunciaron que para conseguir sus objetivos incumplirían las decisiones del Tribunal Constitucional. “Dicho de otro modo, situándose fuera del Estado de Derecho. Y lo hacían desde el ejercicio del poder, lo que explica que no necesitaran utilizar en ese momento la violencia para saltar el mismo como paso previo para la ejecución del plan”.
5. Sabían que el Estado respondería
El tribunal hace responsable al ya ex Govern de llevar a la violencia porque sabían que si se ponían las urnas el 1-O y la gente iba a votar el Estado respondería para hacer cumplir la ley y esa respuesta podría acabar en violencia. “Es ilusorio pretender que pudieran entender que el Estado aceptaría sin oposición el relevo, hasta hacer desaparecer su presencia, en los centros de ejercicio del poder y en los centros administrativos de la comunidad autónoma. Y que, de ser necesario, acudiría al uso legítimo de la fuerza, cuyo monopolio le corresponde para garantizar el cumplimiento de la ley”, recoge el auto.
El tribunal insiste en la idea de que los investigados debían saber que si incitaban a sus partidarios a movilizarse en la calle con la finalidad de reforzar sus actuaciones y “forzar al Estado” a aceptar la independencia, “es claro que era previsible que, con una altísima probabilidad, se produjeran actos violentos en defensa de la declaración unilateral de independencia”.
Por tanto, el ex Govern estaba asumiendo, aunque no lo deseara, la presencia de actos de violencia que, de producirse, “no podrían situarse como extralimitaciones fuera del marco del plan aceptado por todos”.
6. El Estado no lo iba a permitir
Los tres magistrados ven inaceptable que el ex Govern “creyeran seriamente que era el Estado, y no ellos, quien se situaba fuera del marco de la ley, cuando pregonaban expresamente que no obedecerían al Tribunal Constitucional ni se sujetarían a las normas del Estado español, democráticamente aprobadas”.
Pero además, los investigados sabían que el Estado no iba a permitir una declaración de independencia, con las consecuencias que ello conllevaría.”Que el Gobierno había anunciado que no lo permitiría, y que se haría contando con el apoyo de movilizaciones populares como elemento decisivo para forzar al Estado a claudicar, suponía una muy alta probabilidad de enfrentamiento físico con episodios inevitables de violencia”.
7. Produjeron desasosiego e intranquilidad
El ex Govern prescindió, según destacan los magistrados, de las reglas democráticas para intentar imponer por la fuerzas las propias ideas. Pero además, provocaron desasosiego e intranquilidad en la ciudadanía, dentro y fuera de Catalunya, “que confía en el imperio de la ley”.
También provocaron un “elevado riesgo real de que se produjeran resultados lesivos mucho más graves de los que efectivamente se produjeron, lo que afortunadamente no ocurrió”.
8. Tergiversaron el Estado de Derecho
Los investigados hicieron creer a sus partidarios que les amparaba el derecho al voto para conseguir su objetivo. “Pero en un sistema democrático no puede sostenerse la existencia de un supuesto derecho al voto fuera de cualquier cauce legal, cuando es la ley, precisamente, la que aporta seguridad, igualdad, garantías y efectividad a su mismo ejercicio”.
Los magistrados acusan a Junqueras y el resto de miembros del ex Gobierno catalán de “tergiversar” y “trastocar” los principios elementales del Estado de Derecho. “Es inaceptable pretender confundir al ciudadano con afirmaciones referentes a que quienes incumplían la ley eran los agentes y no quienes acudían a votar ilegalmente y quienes les habían conducido a ello”.
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