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Empresaris de Catalunya pide la continuidad del 155 si Puigdemont es investido

La entidad asegura que el separatismo prioriza sus irrealizables objetivos políticos a la estabilidad institucional, social y económica de Cataluña

Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña INÉS BAUCELLS

EUGENIA BRAVO

Empresaris de Catalunya (EC), una asociación contraria a la independencia, ha pedido que se mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución vista la elección de la Mesa del Parlament y las intenciones anunciadas por « los separatistas de investir a un prófugo de la justicia».

Para Empresaris de Catalunya, el mantenimietno del artículo 155 de la Constitución sigue siendo prioritario en la comunidad ya que así sería posible crear un marco de normalidad que permitiera devolver la confianza a inversores y emprearios .

Una confianza que nuevas empresas siguen dejando atrás, como los recientes casos de la multinacional Mitsubishi o Panasonic España , quienes han optado por ubicarse en otros lugares del país como el parque empresarial de San Fernando de Henares en Madrid y Alcobendas, respectivamente.

Es por ello que esta organización que agrupa a más de 500 empresas y directivos hayan solicitado que el gobierno « renueve y mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya». Todos ellos, favorables al respeto a las leyes y al mantenimiento de Cataluña dentro de España, han destacado que el periodo en el que dicho artículo se ha aplicado en la comunidad ha sido de «estabilidad y de una mayor normalidad institucional» que el que había precedido, con JuntsxSí y la CUP en el poder.

Josep Bou, presidente de EC, ve evidente que el camino que ha tomado el separatismo no es otro que el de «priorizar el conflicto e imponer sus tesis para Gobernar», lo que no haría más que «perjudicar a todos los catalanes y en especial a sus expectativas económicas y de futuro”, opina.

Empresaris de Catalunya espera que tanto el gobierno como la justica eviten la investidura de un presidente «prófugo de la justicia» que afectaría negativamente a la «cotidianidad de la gobernanza y al prestigio y posicionamiento de Cataluña en España, Europa y en el mundo».

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