El referéndum unilateral de independencia que el Govern pretende celebrar el próximo 1 de octubre, pese a la más que probable suspensión del Tribunal Constitucional, ha generado un intenso debate en la izquierda catalana. Si el PSC ya ha definido su rechazo a una consulta que rompe con el actual marco estatutario, y ha hecho un llamamiento a no ir a votar, la posición en el espacio de los comunes -Catalunya en Comú, Iniciativa, Podem…- no es tan uniforme, a la espera de que en los próximos días las direcciones de los respectivos partidos se posicionen.
En este clima de debate, más de 300 dirigentes y militantes de Catalunya en Comú, partido articulado en torno a Ada Colau, han elaborado un manifiesto en el que llaman a no participar en una votación que carece de las mínimas “garantías” democráticas y que ha sido diseñado por el independentismo como “una justificación no homologada democráticamente para continuar con el proceso, la DUI, la desconexión y el choque suicida contra el muro del Estado”.
Frente a ello y el “inmovilismo del Partido Popular”, el manifiesto, al que ha tenido acceso La Vanguardia, aboga por seguir trabajando para conseguir un pacto con el Estado que permita un referéndum “efectivo” y que “interpele a toda la sociedad catalana y su pluralidad de posicionamiento”, no sólo a los partidarios de la secesión como, a su juicio, sucede con el 1-O.
El documento lleva por título “L’1-O no hi anirem”, consta de diez puntos en los que se detalla la posición de estos comunes y será presentado públicamente el próximo viernes, día en el que se dará a conocer también los abajo firmantes. El manifiesto de esa nutrida representación de comunes señala la ley de Transitoriedad Jurídica, que el Parlament aprobará el miércoles, y con la que el Govern de Puigdemont pretende crear una suerte de legalidad paralela al actual marco legal, como un ejercicio de “deshonestidad democrática”, porque entre otras razones “limita el tiempo y el derecho al debate y a las enmiendas de los representantes de la ciudadanía”.
Una ley que, lamentan, rompe “la separación de poderes” al poner “el futuro gobierno de la supuesta república catalana sobre el poder judicial”, justamente lo contrario de lo que sucede “en los países democráticos de Europa”.
En este sentido, creen que la “desobediencia a la legalidad como forma de legislar y gobernar” que han adoptado Junts el Sí y la CUP ha creado “un estado de excepción inédita, que menosprecia, cuando ni ignora los derechos de los parlamentarios de la oposición”. Es lo que definen como una democracia de “toque de queda” que impulsa el 1-O “desde la minoría de los votos de los ciudadanos, sin arbitro imparcial, sin debate público, sin ley, sin igualdad y sin neutralidad de los medios de comunicación públicos”.
El manifiesto concluye apelando a la “responsabilidad democrática” y subrayando que el “compromiso de Catalunya en Comú con la ciudadanía no es con el 1-O, sino con el 2-O para trazar un nuevo camino rigurosamente democrático para cambiar las leyes y hacer viable una Catalunya con un autogobierno más real, en una España plurinacional en un horizonte federal”.
Catalunya en Comú tiene pensado definir a través de una votación de sus bases, entre el 12 y el 14 de septiembre, su posición respecto al 1-O, con la que quieren reivindicar su apuesta por el soberanismo frente al independentismo rupturista y la “centralización” del PP, situándose así en una tercera vía que contemple la celebración de un referéndum en Catalunya con “garantías” y que le permita un nuevo encaje dentro de una España federal.