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IMPULSO CIUDADANO

Denuncian a los que quieren multar a los que quitan lazos amarillos

logo_impulso_30x30Impulso Ciudadano denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la cúpula de Interior de la Generalitat por persecución ideológica de los ciudadanos constitucionalistas

2018-08-22_impulso
Denuncian a los que quieren multar a los que quitan lazos amarillos

Descargar aquí la denuncia presentada ante la Fiscalía


IMPULSO CIUDADANO ha presentado ante la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una denuncia para que se proceda a la averiguación y esclarecimiento de las razones que llevan a la policía autonómica a perseguir a los ciudadanos que retiran propaganda ilegal (lazos amarillos y otros símbolos independentistas) y a no hacerlo con los que la colocan.

  • La denuncia se ha presentado a raíz de la retención por los Mossos d’Esquadra de catorce ciudadanos que, al parecer, iban a retirar lazos amarillos y otros símbolos separatistas presentes en el espacio público de tres poblaciones de la provincia de Tarragona.

José Domingo Domingo, presidente de la Asociación Impulso Ciudadano y Carlos Silva, vicepresidente de la misma asociación, han presentado en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una denuncia  contra el consejero de Interior, Miquel Buch, el director de la Policía, Andreu Joan Martínez, y el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, para que ésta determine si fuera punible la actuación de la administración catalana por arbitraria, carente de fundamento legal y  discriminatoria por razón de ideología en la persecución de las infracciones relacionadas con la colocación o retirada de símbolos separatistas como los lazos amarillos, plantillas, banderas esteladas, petición de libertad para determinados presos.

Impulso Ciudadano ha  solicitado a la Fiscalía que requiera al Departamento de Interior para que aporte el Plan Operativo Específico que ha aprobado para hacer frente a situaciones relacionadas con la vulneración de la libertad ideológica al que el consejero hizo mención en la rueda de prensa de 2 de agosto, así como las actas levantadas por los Mossos d’Esquadra relacionadas con la colocación o retirada de símbolos independentistas o políticos, como lazos amarillos, banderas esteladas, o petición de libertad para los presos encausados en el proceso independentista y que se informe de su estado actual de tramitación y las circulares, instrucciones, órdenes o correos internos dirigidos a los distintos mandos policiales relacionados con los hechos denunciados.

Impulso Ciudadano considera que debe finalizar la arbitraria persecución contra ciudadanos que cumplen sus deberes cívicos haciendo que el espacio público sea un lugar de encuentro de todos, ante la inactividad de las administraciones públicas catalanas que no cumplen con su obligación de respetar los derechos de los ciudadanos a un espacio sin contaminación política partidista. Igualmente, las administraciones públicas deben respetar el principio de neutralidad política y retirar de los edificios públicos la simbología partidista u ofensiva contra otras administraciones o poderes públicos del Estado y hacer cumplir la legislación vigente en relación con el uso del espacio público denunciando a aquellas personas que se encargan de ensuciar y contaminar las zonas públicas. A esos efectos ha solicitado que la Fiscalía pida al Departamento de Interior la remisión de las actas levantadas en relación con la retirada y colocación de esos elementos en el espacio público. 

En esta línea, Impulso Ciudadano considera incompatible con el Estado de Derecho la utilización de la policía autonómica al servicio de la ideología de los dirigentes de la Generalitat que olvidan que la Administración debe actuar con objetividad y al servicio de los intereses generales y, lógicamente, perseguir a los que cometen actos vandálicos en el espacio público como pintadas en edificios, esculturas, mobiliario urbano, colocación de plásticos contaminantes, etc.

Por ello, pide públicamente a las autoridades políticas que acaben con la campaña de criminalización que han puesto en marcha contra el constitucionalismo en Cataluña.

En Barcelona, a 22 de agosto de 2018.